El salvaje ataque a 15 perros en Tarragona ha conmocionado a la opinión pública. Esto no es nuevo para los colectivos de protección animal, que llevan años sufriendo y denunciando la impunidad de que disfrutan los maltratadores.

Canal Solidario

El pasado 2 de noviembre, la información internacional y la jornada de Liga cedieron espacio a la noticia de la muerte por mutilación de 15 perros, a los que unos desconocidos les cortaron las patas delanteras, y la desaparición de otros cinco, del albergue de la Sociedad Protectora de Animales de Tarragona.

Aún se desconocen los motivos que empujaron a la matanza de estos animales que habí­an encontrado en el albergue una segunda oportunidad después de que sus dueños los abandonaran. La Fundación Altarriba ofrece 100.000 pesetas a quien aporte algún dato que les lleve hasta los mutiladores, y el Ayuntamiento de Tarragona ha declarado que se personará como acusación particular en el caso. Pero si los culpables son encontrados sólo tendrán que pagar una multa que, en el más severo de los casos, no les costarí­a más de dos millones y medio de pesetas. Lo que la mayorí­a de la sociedad considera un salvaje crimen no es más que una falta según el Código Penal. 

Un suceso no tan aislado 

Aunque el SEPRONA (organismo de la Guardia Civil que investiga los delitos ecológicos) aún no ha sacado conclusiones, las especulaciones van en aumento. Se habla de satanismo, drogas de diseño o “juegos de rol”, aunque varios colectivos dedicados a estos juegos condenaron ayer la matanza. Para Jonás Peláez y Pablo Ruiz Múzquiz, coordinadores de la Asociación “Rolatividad”, de la Universidad Complutense de Madrid, “ningún juego de rol editado en España menciona estas torturas, y conectar el suceso con el role-playing hace tanto daño a nuestro hobby como a las protectoras, que además de sufrir el 'ninguneo' de los organismos oficiales se ven distraí­das del verdadero problema”. 

El “verdadero problema” del que habla Múzquiz es el mismo “pan de cada dí­a” del que se lamentaba ayer Chiqui, voluntaria de la Fundación Altarriba. Se refiere al abandono que las protectoras afirman sufrir cada vez que denuncian la muerte o robo de un animal en albergues, en circos o en cotos de caza.

Una protectora de Salamanca ya obtiene vigilancia de la Guardia Civil para evitar que roben y maten de nuevo a sus perros, y la protectora de Tarragona en cuestión llevaba cinco años, según su vicepresidente, reclamando al Ayuntamiento un terreno en condiciones que les proporcionara mayor nivel de seguridad, cuya concesión todaví­a no tiene fecha.

Por otra parte, los recursos con los que cuentan estas asociaciones son muy escasos. Al contrario que en otros paí­ses, muy pocas pueden permitirse un guardés o un turno de vigilancia para ahuyentar a los desaprensivos. Según declaró Carmen Méndez, de la Asociación para la Defensa de los Animales (ADDA), a Canal Solidario el apoyo de la Administración a su labor es muy escaso, a pesar de que muchos municipios españoles se benefician de las protectoras, que hacen las veces de perreras, pero donde raramente se sacrifica a los animales que no son adoptados. De hecho, el apoyo económico a las protectoras ha descendido desde que comenzaron a sucederse las noticias sobre perros peligrosos. 

La protección de los animales tampoco despierta el mismo interés social que otras actividades sociales y ecologistas. La labor que efectúan los animalistas, en su mayor parte voluntarios, apenas está incluida entre las actividades que promocionan los centros de voluntariado, y es prácticamente imposible verlos en ferias y congresos.

Sin embargo, “fomentar el respeto a los animales es fomentar el respeto a la vida y, en definitiva, el amor a las personas”, manifiesta Carmen Méndez. ADDA ya ha anunciado que reactivará su campaña para la reforma de la Ley de Protección Animal, con el fin de que la violencia contra los animales sea considerada delito, y para equiparar el reconocimiento institucional de los animalistas al que tienen los voluntarios de otras ONG. 

Italia, el ejemplo a seguir 

Este paí­s europeo tiene, según las protectoras consultadas, la Ley de Protección Animal más moderna. En Italia, el maltrato a animales, tanto domésticos como salvajes, es un delito grave que se castiga con la cárcel; el control de la población es estricto y las perreras municipales no sacrifican a ningún animal salvo por motivos humanitarios. 

En España, la protección animal es competencia de las Comunidades Autónomas, y algunas de ellas, como Andalucí­a o Asturias, ni siquiera cuentan con documentos legales sobre el tema. En Cataluña, ADDA cuenta con un compromiso verbal de la Generalitat para equiparar su reglamentación a la italiana, aunque según sus portavoces “queremos pasar de las palabras al papel". 

Entre tanto, la protectora de Tarragona va a continuar su trabajo con los perros y gatos que han sobrevivido. Necesitan urgentemente voluntarios para encontrar a varios cachorros desaparecidos, obtener un terreno seguro y, sobre todo, demandan responsabilidad a los ciudadanos para no tener que recoger a más animales abandonados. Se estima que en España, más de 100.000 animales de compañí­a son abandonados cada año por sus dueños, según un estudio de la Fundación Alatarriba. 

Si quieres colaborar: 

Ante las solicitudes recibidas para colaborar en la recompensa para identificar a los autores de los ataques en Tarragona, la Fundación Altarriba ha abierto una cuenta destinada a este fin: 

La Caixa, 2100 - 3006 - 91 - 2200721550. Si deseas colaborar, en el ingreso indica tu nombre y dirección.